Reunión de ONG colombianas con la Embajada de Estados Unidos: por un diálogo útil por la certificación

 

El pasado lunes 14 de septiembre se llevó a cabo una reunión de consulta entre la Embajada de Estados Unidos (“la Embajada”) y varias organizaciones no gubernamentales colombianas, que tenía como propósito evaluar el cumplimiento de los condicionamientos que en materia de derechos humanos el Estado colombiano está obligado a observar para que se le puedan entregar los recursos de cooperación previstos en el denominado Plan Colombia. Esta reunión hace parte del proceso de consulta que periódicamente efectúa el gobierno norteamericano con organizaciones de la sociedad civil, y su realización está ordenada por la ley de los Estados Unidos. Con relación a esta reunión, las organizaciones que asistimos a la reunión queremos manifestar públicamente lo siguiente:

 

1. Valoramos positivamente la intención de la Embajada de continuar con la realización de consultas con organizaciones de la sociedad civil. Ello permite que las organizaciones entablemos un diálogo directo con un actor capaz de incidir en el desempeño del Estado colombiano frente al respeto y la garantía de los derechos humanos. Asimismo, abre la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos cuente con mayores elementos de juicio a la hora de evaluar el comportamiento del Estado colombiano frente a los condicionamientos impuestos por el Plan Colombia.

 

2. No obstante lo anterior, queremos manifestar nuestro desconcierto con la metodología implementada para la realización de las consultas. Especialmente, estamos en desacuerdo con que la reunión de consulta con las organizaciones haya tenido lugar con posterioridad a la decisión del Departamento de Estado de certificar a Colombia. En efecto, el Departamento de Estado hizo pública la mencionada decisión el 11 de septiembre, tres días antes de la reunión de consulta. Esta forma de proceder extemporánea cuestiona seriamente la eficacia de la interlocución con la Embajada y puede ser interpretada en el sentido de que la información que entregamos y las preocupaciones que revelamos no son tomadas seriamente en cuenta.

 

3. Manifestamos nuestra discrepancia con la decisión de fondo del informe del Departamento de Estado que decidió certificar la actuación del Estado colombiano y de sus fuerzas militares en materia de derechos humanos. Consideramos que los hechos graves que en materia de derechos humanos se presentan en Colombia (y el informe del Departamento de Estado da cuenta de algunos de ellos) deberían haber sido tomados como argumentos suficientes para adoptar la decisión de negar la certificación. Certificar al Estado colombiano en el contexto de graves violación a los derechos humanos puede ser tomado como un aval para que estas violaciones continúen y para que las que ya se han cometido no sean investigadas, juzgadas, sancionadas y reparadas.

 

4. Consideramos que frente a hechos tan alarmantes como el patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales y la política de seguimiento ilegal contra distintos sectores de la población (mujeres y hombres magistrados de las altas cortes, defensores de derechos humanos, políticos de oposición, entre otros) no basta con que el gobierno de Estados Unidos exprese preocupación, sino que deben buscarse fórmulas para que estas preocupaciones se traduzcan en compromisos efectivos por parte del Estado colombiano, y sin duda alguna la manera más adecuada para lograr lo anterior era no certificar su actuación.

 

5. Con todo, queremos reiterar nuestra total disposición para continuar participando en el proceso de consulta con una metodología que permita se lleve a cabo de manera eficaz. Con este propósito, es indispensable que las reuniones de consulta con las organizaciones de la sociedad civil se realicen con anterioridad a la elaboración del informe del Departamento de Estado, ya que sólo de esta forma dicho informe podrá reflejar de manera más aproximada el comportamiento del Estado colombiano frente a la situación de derechos humanos por la que atraviesa Colombia.

 

6. Valoramos positivamente la actitud asumida por la Embajada frente a la labor de las y los defensores de derechos humanos, manifestada no sólo en el informe final del Departamento de Estado, sino también en la anunciada decisión del Embajador de los Estados Unidos, señor William Brownfield, de visitar la sede de distintas organizaciones para expresar su respaldo a la tarea que llevan a cabo. Frente al contexto hostil y riesgoso en el que desarrollamos nuestra labor, sus manifestaciones de respaldo sirven de garantía. Creemos que para que esta voz de apoyo se traduzca efectivamente en un mayor respeto a la actividad de los defensores de derechos humanos, es imprescindible que las autoridades colombianas, comenzando por el Presidente de la República, se comprometan de manera seria y responsable con reconocer la legitimidad de esta labor y con no continuar entorpeciéndola. Consideramos que una manera idónea para que estos dos propósitos se logren sería incluyendo el respeto y la garantía a las y los defensores de derechos humanos y a la tarea que desarrollan como una condicionante adicional a la entrega de recursos provenientes del Plan Colombia.

 

16 de septiembre de 2009