Informe Coalición Colombiana Contra la Tortura en Ginebra

 


 

     

 Conozca las respuestas del Estado Colombiano a las opiniones y preguntas del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.





EL 92,6% DEL TOTAL DE LOS CASOS DE TORTURA EN COLOMBIA, ENTRE JULIO DE 2003 Y JUNIO DE 2008, SON RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y SE MANTIENEN E LA IMPUNIDAD

 
  • Entre julio de 2003 y junio de 2008 fueron víctimas de tortura por lo menos 899 personas
  • En los casos en los que se conoce la edad de la víctima (296), el 30,4% (90) fueron niñas y niños
  • Del total de casos registrados en los que se conoce el sexo (793 víctimas), el 86,3% (685) fueron hombres y el 13,6% (108) mujeres
 
Los próximos 10 y 11 de noviembre, representantes de la Coalición Colombiana contra la Tortura, darán a conocer en Ginebra, Suiza, el informe alternativo sobre tortura, tratos, crueles inhumanos y degradantes Colombia 2003 – 2009, en el marco del examen periódico que realiza al Estado Colombiano el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
 
Este examen que contará también con la presencia del gobierno Colombiano, se realiza con el fin de supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura, firmada por el Estado Colombiano el 10 de abril de 1985 y ratificada el 8 de diciembre de 1987[1].
 
No obstante que Colombia tiene la obligación de presentar el informe al Comité cada cuatro años[2], el Estado tardo seis años en presentar uno nuevo, después del último examen realizado en noviembre de 2003.
 
En esta fecha, el Comité realizó una serie de recomendaciones al Estado Colombiano, las cuales, de acuerdo al informe de la Coalición Colombiana Contra la Tortura, han sido incumplidas casi en su totalidad, demostrando así, que la práctica de tortura en Colombia continua siendo de carácter sistemático y generalizado, afectando diversos sectores y poblaciones en situación de vulnerabilidad, situación que se ve agravada por el preocupante marco de impunidad que persiste sobre estos crímenes.
 
Paralelamente al evento en Ginebra, la Coalición Colombiana Contra la Tortura, presentará su informe alterno el 11 de noviembre de 2009, en el auditorio del Centro Cultural Gabriel García Márquez, que contará con la presencia del señor Christian Salazar Wolkmann, Representante en Colombia de la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas y el señor Volmar Pérez, Defensor del Pueblo
 
El informe que se dará a conocer, da cuenta entre otros datos, que entre julio de 2003 y junio de 2008 fueron víctimas de tortura por lo menos 899 personas, de las cuales 229 quedaron con vida, 502 fueron asesinadas y 168 fueron víctimas de tortura psicológica.
 
Así mismo informa que en los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico (666 víctimas), en el 92,6% del total de los casos se compromete la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 50,6% (337 víctimas); y por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 42% (280 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría del 7,4% de los casos (49 víctimas).
 
La Coalición ha identificado 7 patrones relativos a la comisión de actos de tortura en Colombia según la condición de la víctima, la intencionalidad del perpetrador, y el contexto de ocurrencia de estos crímenes.
 

Primero, la tortura como medio de persecución política, en el marco de detenciones, con el propósito de obtener una confesión o información, segundo, como método de sometimiento de la población carcelaria, tercero, como mecanismo de discriminación por razones étnicas, de ideología política, de género, de edad o de orientación sexual, cuarto, como forma de control social y para sembrar terror en las comunidades, quinto, como instrumento de represión de la protesta social (uso de la fuerza en manifestaciones públicas),  sexto como método de sometimiento contra las personas secuestradas y séptimo como parte de la instrucción de miembros de la fuerza pública5.



[1] Aprobada por el Congreso de Colombia a través de la Ley N º 70 de 1986, por lo cual la Convención es aplicable obligatoriamente.
[2] Inicialmente, los Estados deben informar un año después de su adhesión a la Convención y luego cada cuatro años. Además del procedimiento de presentación de informes, la Convención establece otros tres mecanismos mediante los cuales el Comité desempeña sus funciones de supervisión: el Comité también puede, en determinadas circunstancias, examinar las denuncias o comunicaciones de los particulares que afirman que se ha atentando contra los derechos consagrados en la Convención, llevar a cabo investigaciones y examinar las denuncias entre los Estados.