En el día internacional en apoyo de las víctimas de la tortura organizaciones sociales exigieron al Estado la prevención y sanción de este crimen
Enviado por admin el Lun, 06/28/2010 - 09:51. |
A propósito de esta conmemoración, quisiéramos reiterar nuestra preocupación por la grave situación de tortura que se registra en Colombia, tal como lo constató el Comité contra la Tortura en su examen de noviembre de 2009, en el que reconoció que “la incidencia de tortura en el Estado Parte sigue siendo alta y corresponde a patrones específicos que indican una aplicación generalizada”. Este crimen se comete en diferentes escenarios y con diversos propósitos que incluyen la obtención de información y confesión, el sometimiento de la población carcelaria, y la imposición de control social sobre comunidades por parte de los actores armados. Estas prácticas afectan a algunas poblaciones particularmente, como es el caso de las mujeres, quienes son víctimas de violencia sexual y de discriminación por razones de género.
El 26 de junio se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura[1]. En esta oportunidad, la Coalición Colombiana contra la Tortura[2] y la Organización Mundial contra la Tortura[3] reiteran su rechazo a la práctica sistemática y generalizada de este crimen en Colombia, y emiten su voz de solidaridad con las personas y comunidades que han sido víctimas de la violación a su integridad personal. Son ellas quienes han sufrido los graves impactos físicos y psicológicos que se derivan de esta práctica, que afecta además su entorno familiar y social.
A propósito de esta conmemoración, quisiéramos reiterar nuestra preocupación por la grave situación de tortura que se registra en Colombia, tal como lo constató el Comité contra la Tortura en su examen de noviembre de 2009, en el que reconoció que “la incidencia de tortura en el Estado Parte sigue siendo alta y corresponde a patrones específicos que indican una aplicación generalizada”. Este crimen se comete en diferentes escenarios y con diversos propósitos que incluyen la obtención de información y confesión, el sometimiento de la población carcelaria, y la imposición de control social sobre comunidades por parte de los actores armados. Estas prácticas afectan a algunas poblaciones particularmente, como es el caso de las mujeres, quienes son víctimas de violencia sexual y de discriminación por razones de género.
Quisiéramos insistir en la ausencia de investigación y sanción de este delito. Aunque, a noviembre de 2009, la Fiscalía General de la Nación presentó información sobre 6.956 investigaciones penales por el delito de tortura, el 93% (6.470) de estas se encontraba en etapa de investigación preliminar, y sólo el 0,4% (28) en etapa de juicio. Es muy preocupante que solamente el 0,5% de las investigaciones estén asignadas a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, y que no se haya creado una unidad especial para investigar estos crímenes.
Por lo tanto, es urgente que el Estado cumpla con las recomendaciones formuladas por diversos órganos de Naciones Unidas en el sentido de proteger y reparar a las víctimas de tortura por los daños causados, así como con la emitida por el Comité contra la Tortura en el sentido de que las investigaciones por el delito de tortura “sean llevadas a cabo por las autoridades competentes, que procedan a una investigación pronta e imparcial y que se sancionen esos delitos con penas adecuadas teniendo en cuenta su gravedad”. A la vez, reiteramos la obligación del Estado de dar cumplimiento a las demás recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura, en especial la que insta “al Estado Parte a que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención lo antes posible para mejorar la prevención de violaciones de la Convención”. Dicho instrumento establece mecanismos para la prevención de hechos de tortura a favor de las personas privadas de la libertad, quienes permanentemente están expuestas a la violación de su integridad personal.
La Coalición Colombiana contra la Tortura y la Organización Mundial contra la Tortura instan al Estado de Colombia a que implemente todas las medidas necesarias para prevenir la comisión de la tortura, y a que adopte una política de reparación integral que garantice la satisfacción de todas las víctimas sin discriminación alguna.
Bogotá y Ginebra, 25 de junio de 2010
Para mayor información, contactar a:
En Bogotá: Agustín Jiménez Cuello – Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (313-3921931)
En Ginebra: Eric Sottas - Organización Mundial contra la Tortura (+41 79 241 77 59)
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