Defensoras de Derechos Humanos secuestradas por el ELN

 ACCION URGENTE

La Asociación MINGA y La Fundación Progresar, como organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos en el departamento de Norte de Santander informan a la ciudadanía lo siguiente:

1. Durante las dos últimas décadas la Fundación Progresar ha liderado una campaña por la defensa de la vida de los y las ciudadanas residentes en el departamento, ante la gravedad de la situación de orden público y la degradación del conflicto armado en la región.

2. La Fundación Progresar, en un esfuerzo de trabajo interinstitucional conformó un equipo de profesionales íntegros y con compromiso para realizar trabajo social y comunitario, que de común acuerdo con las organizaciones sociales de base de la región, desde el año 2009 estaban realizando actividades de acompañamiento y fortalecimiento comunitario, en cinco comunidades rurales de los municipios de Teorama, Convención y El Carmen.

3. Esta región ha sufrido los embates de la violencia y ha carecido de la presencia de entidades y programas gubernamentales, por lo que sus habitantes han estado condenados a vivir en las condiciones propias del abandono por parte del Estado, es decir, despojadas de todo derecho a una vida digna y sin acceso a derechos fundamentales.

 4. La Fundación Progresar lleva a cabo su labor de manera prioritaria con población en situación de desplazamiento por el conflicto armado, retornada, o en riesgo de desplazamiento, como respuesta a la necesidad de contribuir en la reconstrucción del tejido social y la prevención ante futuros hechos que atenten contra la dignidad humana.

5. El pasado 9 de junio en desarrollo de estas actividades fueron retenidas por hombres armados del ELN, de manera ilegal y atentando contra toda norma humanitaria nacional e internacional, las profesionales de la psicología y el derecho vinculadas a Progresar Nohora Guerrero, Lizbeth Jaime y Mónica Duarte, y a María Angélica González del Programa de Atención a Comunidades en Riesgo de la Vicepresidencia de la República.

Por lo anterior, de manera expresa EXIGIMOS al grupo alzado en armas, su inmediata liberación, respetando su derecho a la vida, libertad e integridad física y emocional. Los y las defensoras de los derechos humanos, al igual que todo miembro de la población civil que no participa directamente en las hostilidades, son personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

San José de Cúcuta, julio 13 de 2010

CORPORACIÓN MINGA

FUNDACIÓN PROGRESAR